Por la Conservación del Monasterio de Santa Cruz de la Zarza en Ribas de Campos.

El Monasterio de Santa Cruz de Ribas, también llamado de Santa Cruz de la Zarza, es un antiguo cenobio de la orden Premonstratense y de estilo cisterciense. En el año 922 el conde Fernán Ansurez, fundó un monasterio cuyas posesiones pasaron a los comendadores de Santiago, que en 1176 y de la mano de Alfonso VIII de Castilla pasaron a su vez a los monjes premonstratenses del monasterio de Santa María de Retuerta, en Sardón de Duero, Valladolid. De este monasterio solo se ha conservado la iglesia y su sala capitular, magníficos ejemplos del llamado románico tardío o protogótico.

El Monasterio de Santa Cruz de la Zarza fue declarado Bien de Interés Cultural el 03/06/1931, antes incluso de la promulgación de la Ley 16/1985 de 25 de Junio de Patrimonio Histórico Español, que dedica su Título primero al modo y manera de declaración de este tipo de bienes.

Recientemente hemos conocido la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre el litigio entre la empresa ganadera Sociedad Anónima de Ucieza y el Obispado de Palencia que tiene como protagonista a la Iglesia de este Monasterio.

Desde La Huella Románica no vamos a entrar a dilucidar desde el punto de vista jurídico si la sentencia, favorable a la empresa, es o no acertada. Ostente quien ostente la titularidad de este Bien de Interés Cultural lo que aquí nos importa es la conservación de nuestro patrimonio, y es por ello que vamos a recordar y enumerar los deberes que para con este monumento tienen los propietarios.

Como hemos indicado el Monasterio de Santa Cruz de la Zarza es un BIC y por lo tanto le corresponde la máxima protección legislativa para su conservación. Las dos principales normativas que le afectan en esta materia son la ya mencionada Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español y la más tardía, pero por fin promulgada, ley 12/2002 de 11 de julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Esa máxima protección a la que nos referimos queda claramente reflejada en el artículo 32 de la ley 12/2002:

1. Los bienes declarados de interés cultural gozarán de la máxima protección y tutela.

2. La utilización de los bienes declarados de interés cultural estará siempre subordinada a que no se pongan en peligro sus valores. Cualquier cambio de uso habrá de ser autorizado por la Consejería competente en materia de cultura.

Cabría preguntarnos aquí mismo, sin entrar en mayor profundidad en la ley, si el litigio durante tantos años extendido que afecta a la Iglesia no está menoscabando este derecho. Ya que mientras los interesados van de un tribunal a otro, la situación de la Iglesia se va deteriorando día a día, no se realizan intervenciones para su conservación y por tanto esa máxima protección se está diluyendo con el paso de los años.

Que nuestro Patrimonio debe ser conservado, mantenido y custodiado no es una opción, sino un deber y así se establece en el artículo 36 de la Ley 16/85.

1. Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales o por los poseedores de tales bienes.

2. La utilización de los bienes declarados de interés cultural, así como de los bienes muebles incluidos en el Inventario General, quedará subordinada a que no se pongan en peligro los valores que aconsejan su conservación. Cualquier cambio de uso deberá ser autorizado por los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley.

3. Cuando los propietarios o los titulares de derechos reales sobre bienes declarados de interés cultural o bienes incluidos en el Inventario General no ejecuten las actuaciones exigidas en el cumplimiento de la obligación prevista en el apartado 1º de este artículo, la Administración competente, previo requerimiento a los interesados, podrá ordenar su ejecución subsidiaria. Asimismo, podrá conceder una ayuda con carácter de anticipo reintegrable que, en caso de bienes inmuebles, será inscrita en el Registro de la Propiedad. La Administración competente también podrá realizar de modo directo las obras necesarias, si así lo requiere la más eficaz conservación de los bienes. Excepcionalmente la Administración competente podrá ordenar el depósito de los bienes muebles en centros de carácter público en tanto no desaparezcan las causas que originaron dicha necesidad.

Obviamente estos deberes no competen únicamente al propietario de dicho bien. Como queda patente en el punto tres de este artículo, la Administración competente puede ejercer por si misma las obras necesarias para conservarlo. Puede que, por avatares del destino, alguien herede un bien sujeto a esta normativa, pero no pueda, por su situación económica por ejemplo, hacer efectiva su conservación, pues bien, la Administración puede actuar para que dicha conservación sea efectiva.

4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo será causa de interés social para la expropiación forzosa de los bienes declarados de interés cultural por la Administración competente.

La conservación de nuestro patrimonio histórico no es solo un deber, sino que es un derecho que ostentamos todos los españoles y por tanto por interes social se puede proceder a la expropiación forzosa de un BIC con el objetivo de llevar a cabo la efectiva conservación del mismo.

La ley 12/2002 se expresa en los mismos términos para los BIC sitos en Castilla y León en su artículo 24.

El peligro de deterioro o destrucción de un BIC es una de las causas justificativas de expropiación forzosa por parte de la Administración. Paredes que se caen, maleza que va cubriendo muros, raíces de árboles que van adueñándose de todo y poco a poco se hacen uno con el monumento, parecen causas más que sobradas de deterioro o peligro de destrucción. Dicha disposición se encuentra contenida en el artículo 37.3 de la Ley 16/85.

5. Será causa justificativa de interés social para la expropiación por la Administración competente de los bienes afectados por una declaración de interés cultural el peligro de destrucción o deterioro, o un uso incompatible con sus valores. Podrán expropiarse por igual causa los inmuebles que impidan o perturben la contemplación de los bienes afectados por la declaración de interés cultural o den lugar a riesgos para los mismos. Los Municipios podrán acordar también la expropiación de tales bienes notificando previamente este propósito a la Administración competente, que tendrá prioridad en el ejercicio de esta potestad.

Ambas leyes continúan profundizando en temas como el acceso de los ciudadanos a los Bienes de Interés Cultural, el deber de estos de poner en conocimiento de las autoridades competentes los casos en los que se observe peligro de destrucción del patrimonio, los cambios de titularidad, etc.

Cuando el propietario de un BIC es privado, estos son los deberes a que debe atenerse. Deberes que son más profundos cuando el propietario es la Administración pública. Sin embargo como también hemos visto, ésta, puede actuar amparada por la ley, aunque el BIC no esté en sus manos.

Con todo lo expuesto desde “La Huella Románica” no queremos decir que el propietario no este cumpliendo con sus deberes, solo queremos recordarle las obligaciones que tiene con el inmueble del que es propietario al comprar dicho terreno. ¿Aunque el propietario del templo sea una empresa privada no puede por el bien del monumento convertirlo en un centro cultural? ¿Por qué lo planes que tenia el obispado con el inmueble no se pueden llevar a cabo? ¿Por qué siempre en cualquier litigio el más perjudicado es el patrimonio?

Volvemos a olvidarnos de nuestra historia, de nuestros monumentos; giramos la cara a nuestro pasado, olvidándonos de que en estos monumentos esta lo que somos y lo que seremos.